Una serie de noticias tienen en alerta a las organizaciones de Derechos Humanos. Una investigación reveló 150 nuevos casos de posibles víctimas de la dictadura. A esto se suman las críticas por la reorganización de causas y el plazo que anunció la Corte Suprema para cerrar los casos sobre crímenes de lesa humanidad.
890 de los mil 682 fallecidos que llegaron a la morgue de Santiago entre el 11 de septiembre y finales de diciembre de 1973 murieron a consecuencia del golpe militar. Ahora, una investigación el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y el Centro de Investigación e Información concluyó que 150 personas muertas por herida de bala podrían sumarse a este registro.
Se trata de personas que no han sido calificadas como víctimas de la represión política por las comisiones oficiales, pero las características de su muerte apuntan a que podría tratarse de ejecuciones.
La investigadora Pascale Bonnefoy explicó que estos casos “siguen el mismo patrón de los otros ejecutados políticos confirmados. Los 150 murieron por disparos de bala, excepto uno que murió por la explosión de una granada en su boca. La gran mayoría fue remitido por fiscalías militares y no por juzgados del crimen como sucedía con los casos de crímenes comunes. Había lugares como el Río Mapocho, el Cerro Chena, donde se ejecutaba a personas”.
La investigación también detectó irregularidades en la cadena de custodia de los cuerpos, errores en la identificación de cadáveres y comprobó que algunos de ellos desaparecieron después de estar en el Servicio Médico Legal (SML). “Lo que me llamó la atención es lo difícil que es seguir la trayectoria. Se cometieron muchos errores, parte de ellos eran encubrimiento y parte de la circunstancia y contexto que les tocó a los funcionarios de estas instituciones estatales”, sostuvo.
A esto se suma el anuncio del ministro de la Corte Suprema Jaime Rodríguez Espoz, quien afirmó que el Máximo Tribunal espera cerrar en dos años las causas de derechos humanos. Esto, luego de informar la redistribución de causas después del fallecimiento del ministro Víctor Montiglio. Decisión que confirmó hoy el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, afirmó que esta medida es “inaceptable” y señaló que los delitos de lesa humanidad no prescriben ni son amnistiables. Además, calificó de “un verdadero retraso” la redistribución de causas. La dirigenta añadió que estos antecedentes son una pésima señal.
“Estas dos cosas nos muestran el por qué el señor Ballesteros hoy está en la presidencia de la Corte Suprema. Aquí se va a hacer una alianza entre el señor Piñera y el señor Ballesteros para ver la manera de obstaculizar para que Sebastián Piñera cumpla con lo que prometió a los militares en retiro. No vemos una buena señal hacia adelante con lo que tiene que ver con la verdad y la justicia”, afirmó Lira
Alicia Lira añadió que todo esto lo está amparando la impunidad que ha permitido que en Chile se siga asesinando, torturando y aplicando la ley antiterrorista, mecanismos de la dictadura que siguen presentes, pese al debate social y las observaciones a nivel internacional.
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