Pese a que el Gobierno le bajó el perfil a sus declaraciones, siguen las repercusiones ante los dichos que vinculan a comuneros con una serie de presuntos atentados incendiarios terroristas en Carahue. La crítica recae nuevamente en el manejo político del titular del Interior y en cómo el Gobierno está conduciendo el llamado “conflicto mapuche”.
Este fin de semana, mientras la Corporación Nacional Forestal (CONAF) incorporaba sesenta nuevos brigadistas en la región de Los Lagos para la prevención de incendios forestales, continuaba la polémica por los dichos del Gobierno que vinculaban a comuneros mapuche como posibles autores de los incendios en La Araucanía.
Y es que las réplicas no se han detenido, pese a que hace unos días el mismo ministro vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, sostuviera que el titular de Interior, Rodrigo Hinzpeter, no culpó a los dirigentes de la Coordinadora Arauco Malleco, sino que recordó el ataque al avión que ellos mismos se adjudicaron.
Sin embargo, dos días después se dio a conocer una lista de 42 sospechosos del posible atentado y, con ello, se reinstalaron los cuestionamientos.
Para los dirigentes de la Alianza, el tema de las posibles responsabilidades de los mapuches ya está cerrado, como señaló la diputada de Renovación Nacional, Karla Rubilar. “Las expresiones que escuché en su momento del ministro Hinzpeter tenían que ver con no entregar responsabilidades a ningún grupo en particular. Lo que pasa es que él obviamente comenta un hecho que sí paso, que tiene que ver con la quema de un helicóptero, que sí fue reconocida por la CAM en su momento en el mismo lugar y eso se interpretó como que estaba culpando a todo el pueblo mapuche y de una u otra forma estigmatizándolo. Yo me quedo con las palabras del ministro Hinzpeter”.
La diputada se refirió también a las denuncias de allanamientos con violencia y procedimientos irregulares en el sur del país. Como parte de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, apuntó a la necesidad de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos tenga estadía permanente en Temuco para velar porque: “el intento de lograr por fin la pacificación en La Araucanía se logre también con los estándares necesarios en materia de derechos humanos”.
Y pese a que Chile está en la mira por la aplicación de la Ley Antiterrorista, el corpus legal se sigue aplicando contra manifestantes y, sobre todo, contra líderes indígenas.
En este sentido, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, sostuvo que esto es parte de una política ya consolidada que encabeza el ministro Rodrigo Hinzpeter.
“Nosotros sabemos que Hinzpeter incluso ha sido más peligroso que un ministro de la dictadura, porque la forma, su racismo, el odio. Esto es el colmo porque en Chile todos los años en diferentes puntos del país se producen estos gigantescos incendios. En el Parque Torres del Paine, donde se quema una enorme cantidad en un lugar precioso, no hay una investigación de amenaza de ningún tipo”, añadió la dirigenta.
Para el representante indígena y ex director de la Conadi, Domingo Namuncura, con esta estrategia las autoridades buscan validar la aplicación de esta ley y seguir criminalizando al pueblo mapuche mientras tapan la serie de negligencias y las responsabilidades que les compete en los incendios.
“Lo que está ocurriendo es muy grave, porque el Estado, a través del Gobierno, está creando un enemigo interno para justificar, entre otras cosas, la aplicación de la Ley Antiterrorista y por la amplitud con que se está pidiendo la investigación abarca en este momento a todos los mapuches, sin excepción. Esto puede significar que servicios de inteligencia de Carabineros e Investigaciones comiencen a requerir información de todos los mapuches que puedan aparecer como ligados de alguna manera a la lucha de los derechos de los pueblos indígenas”, explicó Domingo Namuncura.
Estas críticas se suman a las afectadas desde diversos sectores de la población, incluyendo al Instituto Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, entre otros. Así, crece el descontento, lejos de avanzar en la relación con nuestros pueblos originarios.
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