La guerra del bosque en La Florida
El Panul es el último bosque nativo de Santiago, pero un mega proyecto inmobiliario pretende talar cerca de 60 hectáreas y trasladar a vivir a más de cinco mil personas al lugar. Esto desató una verdadera batalla entre sus detractores y la inmobiliaria Gesterra, pugna a la que entraron recientemente el municipio y el Senado. Y aunque habrá una consulta ciudadana el 28 y 29 de enero, el futuro del bosque aún es incierto.
Es miércoles y en la sede vecinal de Diagonal Santa Irene y Walker Martínez, en La Florida, un grupo de vecinos escuchan música, bailan cueca y pintan un mural. Es la “previa” organizada por la Red de Defensa de la Precordillera, donde se preparan para una más de la batallas que lidiarán en la guerra por El Panul.
A las 19:00 horas exponen los representantes de Gesterra, la empresa que pretende desarrollar el Proyecto Inmobiliario El Panul y construir 1302 viviendas – de ellas, 1157 serían casas, dieciocho edificios de cinco pisos y cuatro edificios de cuatro pisos- en cerca de 93 hectáreas al interior de este fundo, trasladando a más de cinco mil personas a vivir al sector. Y aunque la inversión sería de unos ochenta millones de dólares, se justifica con las UF 3500 en promedio que costará cada casa. Los vecinos se preparan para contraatacar con argumentos, preguntas, informes de expertos y observaciones, en una pelea que ya lleva varios años y una larga trama que aún no llega a su fin.
El Fundo El Panul, ubicado en la Quebrada de Lo Cañas, era propiedad de la Universidad de Chile y el Instituto Ba
cteriológico realizaba ahí sus estudios. Pero en el proceso de desmantelamiento de la casa de estudios durante la dictadura, fue “rematada” por un “valor vil equivalente a lo que en ese momento costaba una citroneta”, precisa el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca, quien precisa que “520 hectáreas que fueron regaladas” a Vicente Navarrete, ex presidente de la Sofofa.
Y aunque por esos años La Florida hacía honor a su nombre, el boom inmobiliario del sector, y de la ciudad completa, terminó por dejar a El Panul como el último bosque nativo de Santiago.
Es precisamente ahí donde se pretende construir el proyecto inmobiliario de la empresa de los hijos de Vicente Navarrete, Gesterra, y lo que ha despertado la ira de los vecinos y de los visitantes de este lugar.
El bosque donde se construirían los condominios es del tipo esclerófilo y está compuesto, entre otras especies, por quillayes de más de 200 años, espinos, litres, maitenes y guayacán, una especie declarada en “estado vulnerable” por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y que la ley de bosque nativo protege prohibiendo su tala o la intervención de su entorno.
Pero además de su biodiversidad, los expertos aseguran que presta una serie de servicios a la comuna y la
Miembros de la Red de Defensa de la Precordillera y vecinos de La Florida le exponen sus observaciones a los representantes de Gesterra
ciudad, como la descontaminación del aire, la regulación natural de la temperatura y la absorción de las aguas lluvias, que impiden las inundaciones más abajo. Este último punto se hace fundamental para los detractores del proyecto, quienes temen que, de desaparecer el bosque, La Florida sea víctimas de aludes como los sufridos en Peñalolén debido a la deforestación de la precordillera.
Asimismo, el terreno se encuentra en la falla de San Ramón, una zona altamente sísmica, por lo que la construcción en ese lugar pondría en riesgo a sus habitantes y debilitaría el terreno pudiendo provocar movimientos de masas hacia sectores más bajos.
Sin embargo, el Servicio Nacional de Geología y Minería se pronunció a favor del proyecto, aunque sin realizan estudios en el terreno, y la Conaf, aunque se mostró “disconforme” no lo rechazó.
Sería el comienzo de una serie de sucesos extraordinarios que movilizó a la Red de Defensa de la Precordillera, quienes recurrieron a la senadora demócrata cristiana Soledad Alvear, miembra de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta. Los antecedentes despertaron la suspicacia de la parlamentaria y, finalmente, se convocó a una sesión especial en el Senado el 10 de enero, donde se llamó a los actores involucrados a aclarar sus posiciones.
“No hay medidas de mitigación posibles”
La tramitación del proyecto inmobiliario El Panul comenzó el 27 de agosto de 2008 con el ingreso de una Declaración de Impacto Ambiental. Sin embargo, el informe consolidado emitido por la Comisión Nacional del Medio Ambiente inhibió a la empresa y decidieron retirar el proyecto.
El resultado no tardó en llegar. El 20 de abril de 2011 la seremi respondió que no eran necesarias las medidas de mitigación e instó a la municipalidad a aprobar el preproyecto, utilizando los mismos argumentos que había del estudio de impacto presentado por Gesterra.
Consternado, Agustín Pérez le pidió a la seremi que aclarara su resolución. La respuesta fue que, de no acatarla, acudiría a la Contraloría General de la República para sumariarlo. El 30 de junio la Dirección de Obras, pese a todas sus observaciones, aprobó el preproyecto inmobiliario en El Panul.
La indignación cundió entre los miembros de la Red de Defensa de la Precordillera y acudieron a la Corte de Apelaciones y la Contraloría para impugnar la decisión de la seremi de Vivienda, acciones judiciales que calculan que por estos días podrían tener una respuesta.
Sin embargo, Marisol Rojas se defendió en la sesión del Senado, ante Soledad Alvear, Isabel Allende y Ena Von Baer, señalando que legalmente no tenía otra opción más que resolver el conflicto entre la empresa y el municipio, ya que la normativa de Urbanismo y Construcción le da esa facultad cuando alguna empresa se siente vulnerada en sus derechos.
Asimismo, la seremi aclaró que ante la negativa del director de Obras de La Florida de acatar su resolución, lo que procedía era enviar los antecedentes al contralor para que realizara un sumario.
Desde la perspectiva del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, “lo que hizo la seremi fue aplicar una ley que puede ser mala, que no se ha modificado en veinte años y que hoy día permite que ocurran este tipo de cosas”.
Gesterra, por su parte, presentó nuevamente el proyecto como Declaración de Impacto Ambiental en julio de 2011, pero Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental la rechazó y el exigió que lo ingresara a través de un Estudio de Impacto Ambiental, lo que hizo el 21 noviembre de 2011.
Gonzalo González, uno de los miembros de la Red de Defensa de la Precordillera cuenta que desde el 5 de diciembre y hasta el 28 de febrero el proyecto se encuentra la etapa de Participación Ciudadana que contempla la ley, y los vecinos y activistas por la precordillera se han organizado para ingresar una serie de consultas y observaciones.
“Hemos logrado que participe mucha gente, pero lamentablemente el proceso de participación ciudadana no es vinculante, las observaciones que hagamos pueden ser consideradas o no por el comité técnico que tiene que dar la resolución final”, precisa Matías Rojo, del equipo jurídico de la Red de Defensa de la Precordillera.
Asimismo, el 10 de enero ve
El director de OLCA agrega que “acá además se actúa con mala fe y si no hubiese ciudadanía, porque la misma organización ha presentado sus informes donde han dado cuenta de la existencia de estas especies y, sin embargo, la empresa, con una cara dura impresionante, presenta un estudio de impacto ambiental donde omite esto. Esto demuestra la intencionalidad de querer engañarnos”.
Y aunque en un primer momento el alcalde de La Florida no se había pronunciado sobre el tema, luego de la sesión en el Senado rechazó tajantemente la construcción y convocó a una consulta ciudadana para el 28 y 29 enero.
“Desde el punto de vista del municipio el proyecto no es conveniente para el bien común”, sostuvo el alcalde y llamó a los vecinos a “hablar y oponerse con todas sus fuerzas”.
Aunque este proceso tampoco es vinculante, el alcalde Carter está confiado en que “cuando la ciudadanía está empoderada y opina, los gobiernos son receptivos de escucharlos”.
El futuro del bosque aún es incierto, pues aunque la ciudadanía se oponga y el municipio rechace el proyecto, igualmente podría sortear todos los obstáculos del EIA y conseguir los permisos.
Por eso, para sus detractores no hay medias tintas y buscan impedir la construcción del mega condominio de plano: “Nosotros seguimos considerando que hay impactos ambientales que no se pueden mitigar de ninguna forma. Sobre todo, considerando que el proyecto inmobiliario pretende compensar el bosque talado en La Florida plantando árboles en Melipilla”, afirmó Matías Rojo.
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