El presidente inicia una extensa gira por Vietnam, Corea y Japón. Sus ministros deberán lidiar con una región sublevada, una ciudad minera en pie de guerra y contra miles de estudiantes que ya iniciaron las movilizaciones
Con dos protestas en el mismo día los secundarios iniciaron el jueves sus movilizaciones del 2012, para exigir que unos 200 alumnos puedan volver a sus escuelas. Varios alcaldes, que administran los colegios no les renovaron las matrículas por participar en las movilizaciones del 2011.
Uno de esos alcaldes, el coronel retirado Cristián Labbé, de la elegante comuna de Providencia, tiene un oscuro pasado en los servicios de seguridad del régimen militar, 1973-1990, y fue ministro del dictador Augusto Pinochet.
El gobierno trata de frenar la sublevación de Calama, en el norte, para que no se repita la situación de Aysén, que ha desviado la atención de varios ministros y ha ocupado a centenares de policías antimotines.
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, anunció el viernes el envío al congreso de un proyecto para crear un fondo que deje un mínimo porcentaje de las riquezas del cobre en Calama, 1.570 kilómetros al norte de Santiago.
La aspiración de Calama y de otras ciudades mineras se prolonga por décadas, pero el anuncio no fue suficiente para detener las movilizaciones. El alcalde de Calama, Esteban Velásquez, advirtió: "Seguiremos movilizados y atentos a que todas nuestras peticiones se cumplan".
"Este movimiento social es una apuesta y va a ganar quien demuestre que puede controlarlo", advirtió al periódico La Tercera el dirigente cuprífero Cristián Cuevas.
Hinzpeter buscar evitar en Calama la situación de Aysén, 1.680 kilómetros al sur de Santiago, donde el gobierno no pudo dividir al Movimiento Social por Aysén, integrado por 24 dirigentes sociales y gremiales, que rechazaron discutir sus demandas en mesas separadas.
Aysén se rebeló hace un mes y medio, bloqueó caminos y planteó una decena de peticiones, que parten por una rebaja del combustible, mucho más caro que en Santiago. No hubo acuerdo porque la oferta oficial es muy inferior a lo solicitado.
El intento de hacer negociar a los dirigentes por separado interrumpió un accidentado diálogo y reavivó tomas de caminos y enfrentamientos con decenas de policías antimotines llevados desde Santiago.
El viernes, desconocidos quemaron un autobús y un carro lanza gases policiales y el gobierno se querelló contra 22 personas, incluidas dueñas de casa, campesinos, obreros y pescadores, invocando una controvertida Ley de Seguridad del Estado, que establece penas de cárcel para quienes bloqueen calles y alteren el orden público.
Iván Fuentes, vocero del Movimiento de Aysén, solicitó al gobierno retirar las querellas, "para poder empezar a caminar como corresponde con gente civilizada". "Hay que entenderse desde el intelecto y no por la ley del garrote", añadió.
El Movimiento ha denunciado un exceso de represión policial dirigida incluso a barriadas pobres. Fotografías y vídeos captados con celulares muestran a policías antimotines lanzando piedras hacia casas, que también han recibido bombas lacrimógenas en sus patios.
El director de la policía, general Gustavo González, alegó que son "acciones individuales" y que tienen "que ajustar procedimientos e impedir que se produzcan".
Con dos protestas en el mismo día los secundarios iniciaron el jueves sus movilizaciones del 2012, para exigir que unos 200 alumnos puedan volver a sus escuelas. Varios alcaldes, que administran los colegios no les renovaron las matrículas por participar en las movilizaciones del 2011.
Uno de esos alcaldes, el coronel retirado Cristián Labbé, de la elegante comuna de Providencia, tiene un oscuro pasado en los servicios de seguridad del régimen militar, 1973-1990, y fue ministro del dictador Augusto Pinochet.
El gobierno trata de frenar la sublevación de Calama, en el norte, para que no se repita la situación de Aysén, que ha desviado la atención de varios ministros y ha ocupado a centenares de policías antimotines.
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, anunció el viernes el envío al congreso de un proyecto para crear un fondo que deje un mínimo porcentaje de las riquezas del cobre en Calama, 1.570 kilómetros al norte de Santiago.
La aspiración de Calama y de otras ciudades mineras se prolonga por décadas, pero el anuncio no fue suficiente para detener las movilizaciones. El alcalde de Calama, Esteban Velásquez, advirtió: "Seguiremos movilizados y atentos a que todas nuestras peticiones se cumplan".
"Este movimiento social es una apuesta y va a ganar quien demuestre que puede controlarlo", advirtió al periódico La Tercera el dirigente cuprífero Cristián Cuevas.
Hinzpeter buscar evitar en Calama la situación de Aysén, 1.680 kilómetros al sur de Santiago, donde el gobierno no pudo dividir al Movimiento Social por Aysén, integrado por 24 dirigentes sociales y gremiales, que rechazaron discutir sus demandas en mesas separadas.
Aysén se rebeló hace un mes y medio, bloqueó caminos y planteó una decena de peticiones, que parten por una rebaja del combustible, mucho más caro que en Santiago. No hubo acuerdo porque la oferta oficial es muy inferior a lo solicitado.
El intento de hacer negociar a los dirigentes por separado interrumpió un accidentado diálogo y reavivó tomas de caminos y enfrentamientos con decenas de policías antimotines llevados desde Santiago.
El viernes, desconocidos quemaron un autobús y un carro lanza gases policiales y el gobierno se querelló contra 22 personas, incluidas dueñas de casa, campesinos, obreros y pescadores, invocando una controvertida Ley de Seguridad del Estado, que establece penas de cárcel para quienes bloqueen calles y alteren el orden público.
Iván Fuentes, vocero del Movimiento de Aysén, solicitó al gobierno retirar las querellas, "para poder empezar a caminar como corresponde con gente civilizada". "Hay que entenderse desde el intelecto y no por la ley del garrote", añadió.
El Movimiento ha denunciado un exceso de represión policial dirigida incluso a barriadas pobres. Fotografías y vídeos captados con celulares muestran a policías antimotines lanzando piedras hacia casas, que también han recibido bombas lacrimógenas en sus patios.
El director de la policía, general Gustavo González, alegó que son "acciones individuales" y que tienen "que ajustar procedimientos e impedir que se produzcan".
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