viernes 16 de octubre de 2009
Por Álvaro Ramis*
Durante los últimos años Francia ha vivido un importante incremento de la violencia callejera. La quema de autos se ha vuelto un fenómeno común y puede llegar a un promedio diario de 200 vehículos a nivel nacional. En 2009, solamente durante la jornada de fiestas por el 14 de julio, más de 300 automóviles fueron incendiados en París. Más allá de la gravedad de los hechos y las cifras, ningún político francés se ha atrevido a plantear que esta escalada de violentismo juvenil se pueda asimilar a la violencia terrorista ni ha propuesto perseguirla mediante leyes diferentes a las que combaten la criminalidad general del país. Al contrario, lo que todos los actores reconocen es que estas expresiones, sin ser justificables, son un efecto de la exclusión que vive la juventud de los sectores marginados. Son la muestra patente de una política ineficaz, que no ha sido capaz de dar cohesión social a un conjunto de jóvenes que no esperan nada de la sociedad.
En Chile hemos sido testigos de una serie de ataques incendiarios contra camiones. En virtud de estos incidentes el gobierno vuelve a invocar la aplicación de la Ley Antiterrorista (18.314) contra miembros del pueblo Mapuche. En vez de reconocer el fracaso de la actual política indígena, incapaz de dar respuesta a históricas humillaciones y afrentas, el subsecretario Patricio Rosende ha resuelto reincidir en la más criticada y polémica de las políticas represivas que han asumido los gobiernos de la Concertación.
El Estado chileno ha recibido en diversas ocasiones las observaciones de los organismos internacionales que exigen que no se aplique la Ley Antiterrorista a miembros de la comunidad Mapuche por actos de protesta o demanda social. En septiembre pasado, el Estado de Chile presentó el resultado final de su Examen Periódico Universal en el marco de la 12a sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Durante este proceso, la connotada defensora de los derechos humanos Danielle Mitterrand denunció "la limitación de la libertad de expresión que sufren sectores que solidarizan con la causa Mapuche; la aplicación injustificada de la ley antiterrorista y de seguridad interior del Estado contra ese pueblo; los atropellos a los derechos humanos que subsisten aún en democracia". Mitterrand afirmó que "pude constatar en el terreno hasta que punto la criminalización de las manifestaciones de ese pueblo para salvaguardar sus derechos y territorios era abusiva e injustificada".
Contradictoriamente, en abril de 2009, la presidenta Bachelet se comprometió ante el Relator Especial de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, James Anaya, a no aplicar la ley antiterrorista para procesar a personas en casos vinculados con movimientos sociales mapuche. Aplicar la ley antiterrorista no sólo es una forma de faltar a esta promesa. Es una forma de negar las responsabilidades que le caben al Estado chileno en la escalada represiva que vive el territorio mapuche. Es la peor respuesta a la comunidad internacional, que por medio del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió expresamente, hace menos de un mes no aplicar la Ley Antiterrorista a actos relacionados con los pueblos indígenas y reformar su contenido y su aplicación.
Incendiar autos o camiones es un delito, sea en Collipulli o sea en París. Perseguir esos hechos como si fueran actos terroristas es también un atropello injustificable, por el que las autoridades de Chile deberán responder.
*Álvaro Ramis es Presidente Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales ACCIÓN A.G.
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