EL GOBIERNO CHILENO PREPARA LAS CONDICIONES DE LA REBELDÍA POPULAR
- Marcha contra ley que criminaliza la protesta social termina con más de 60 detenidos.
En el centro de la capital chilena, el lunes 17 de agosto, se realizó una marcha multitudinaria contra la aprobación del proyecto de leyes que criminaliza la manifestación y protesta social. 38 diputados contra 33 dieron el visto bueno a una nueva política antisocial propiciada por el gobierno de Bachelet, la cual es parte de una estrategia ofensiva del Estado corporativo de Chile contra las luchas de los explotados y los oprimidos, los trabajadores y el pueblo, ante un contexto de ampliado de agresiones continentales digitado por el imperialismo norteamericano.
La marcha de un millar de personas fue convocada por la Asamblea de Derechos Humanos, y adhirieron el Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores (MPT), Clase Contra Clase y miembros de las Juventudes Comunistas, entre otros. El conjunto de las alocuciones vertidas a los pies de la Catedral de Santiago, en la Plaza de Armas denunciaron acaloradamente las leyes “contra el derecho a pataleo”. Toda la caminata fue acompañada de un numeroso contingente de fuerzas especiales de carabineros y carros blindados lanza aguas y gases. Sin mediar provocaciones de los manifestantes, carabineros detuvo a más de 60 personas cuando todavía no se disolvía la concentración.
La batería de leyes impuesta por el Ejecutivo y refrendada por el Legislativo en tiempo record, en sus aspectos centrales, consolida la responsabilidad penal que le cabría eventualmente a cualquier convocante a una manifestación pública donde se produjesen hechos que la autoridad considere “ilícitos”. Al respecto, vale señalar que en Chile, ya fue votada una ley donde dirigirse con “malas palabras” a un efectivo de la policía –de acuerdo a su criterio, claro está- ya comporta una sanción especial.
Cuando sólo hace unos días, el miembro de una brigada especial de carabineros (GOPE) asesinó por la espalda al peñi mapuche Jaime Mendoza Collío en la zona de Arauco mientras se realizaba una movilización por las demandas ancestrales del principal pueblo originario del territorio, y los presos políticos mapuche aumentan semanalmente; cuando desde el primero de mayo pasado, “precautoriamente”, militantes del MPT fueron detenidos antes de que comenzara la marcha tradicional del día del trabajo; cuando los deudores habitacionales han llenado innumerables oportunidades las comisarías del país mientras demandan el no pago de 4 o 5 veces más el precio de su vivienda por la usura bancaria; y cuando cualquier movilización de estudiantes, pobres y trabajadores en huelga es reprimida con violencia y celeridad pinochetista; ahora ocurre que se limitan las pocas libertades públicas, políticas y ciudadanas existentes por medio de leyes antisociales.
El temor del Estado corporativo, instrumento de las clases tutelares, sobreactúa rabiosamente, toda vez que la recomposición del movimiento popular está en el prólogo y la lucha de clases se ofrece de manera episódica y sin que las grandes mayorías aún organicen sus fuerzas de manera sustantiva. Santiago, y toda zona de Chile donde hay agrupaciones populares en lucha o simple establecimiento de demandas, está colmada de cámaras de vigilancia, agentes del Estado, control y disciplinamiento social represivo.
El gobierno, empecinado en ajustarse a los requerimientos de la OCDE y a la paz de cementerios que demanda la reproducción capitalista, descubre la naturaleza ficticia de la democracia sin pueblo que administra, y emplea la estrategia de castigar inmediatamente cualquier atisbo de protesta social ante la mala vida, y en medio del período más dramático de la crisis del capital en curso.
Lo que, ciertamente, no contemplan los analistas cortoplacistas del poder, es que sellando a fuego toda posibilidad de camino institucional para encauzar los requerimientos populares, no hacen más que fundamentar sobradamente la convicción masiva de los límites enanos de la democracia burguesa, y se prepara, paso a paso, las condiciones para dinamizar la indignación organizada, el descrédito de la partidocracia y abre las puertas a un nuevo ciclo de rebeldía ampliada en Chile. (Por Andrés Figueroa Cornejo, Agosto 18 de 2009)
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