PUBLICADA POR PRIMERA VEZ EL DIA
jueves 27 de diciembre de 2007 ESTABAN EN LO CIERTO
UN DIRECTOR QUE, DEBERIA DEJAR DE SERLO
BRIGADA DE ASUNTOS ESPECIALES Y DERECHOS HUMANOS (BRIAES)
Esta brigada, que se creó el 1 de enero de 2005, es la única a nivel nacional responsable de la investigación de violaciones a los derechos humanos.
Actualmente, sus detectives trabajan con ministros de fuero y en visita, fiscalías, jueces con dedicación exclusiva o preferencial, entre otros, en causas relativas a detenidos desaparecidos y víctimas de violaciones en los derechos humanos, informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, además de la Comisión Valech.
La Briaes, que se divide en tres agrupaciones y la sección Análisis y Procesamiento de la Información, también tiene a cargo investigaciones especiales de casos de nivel nacional e internacional.
por pedro alejandro matta
Tiempo atrás el Comandante de la II División del Ejército, de la Guarnición de Santiago, y también Juez Militar, General Miguel Trincado Araneda,visito en su casa al Director General de la Policía de Investigaciones, Sr. Arturo Herrera Verdugo. Este hecho, de por si curioso, tuvo características aun mas sorprendentes cuando se supo que el motivo de la visita del General Trincadoal Director de la PolicíaCivil tenia por objeto pedirle que, haciendo uso de su cargo, cambiara un informe policial que lo inculpaba de la exhumación ilegal, destrucción, y desaparecimiento de los restos de 26 ejecutados políticos de Calama (fueron lanzados al mar desde un avión de transporte C-47 de la FACH).
El informe había sido elaborado por la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones a partir de órdenes de investigar emitidas, primero por el ex Magistrado Juan Guzmán, y posteriormente refrendada por el Ministro Víctor Montiglio.
Los hechos, de acuerdo a este informe policial, habían ocurrido a fines de 1975 o a principios de 1976, siendo parte de una operación mayor, ordenada por el entonces Comandante en Jefe del Ejército, General Augusto Pinochet, que se conoció como "operación Retiro de Televisores".
En esa época el General Miguel Trincado tenía el grado de teniente y estaba al mando de la Sección de Inteligencia del Regimiento de Calama. Haciendo uso de un camión del Ejército, y con un pelotón de soldados bajo su mando, el teniente Trincado primeramente ubico el lugar de entierro, para después proceder a desenterrar los restos humanos, a ensacarlos, y a transportarlos al avión de la FACH que esperaba en el aeropuerto de Calama. Desde dicho avión los restos humanos correspondientes a 26 personas que habían sido fusiladas o asesinadas por efectivos militares, en Calama,después del golpe de estado de 1973, fueron lanzados al mar.
Estos hechos, la remoción ilegal de cuerpos en el Cerro Topater en Calama, estaba también siendo paralelamente investigado por la Presidenta de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Magistrado Rosa Maria Pinto.
El informe técnico preparadopor la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones llego a conocimiento de su Director General, el Sr. Arturo Herrera, quien dio ordenes inmediatas para que el informe técnico fuera alterado en su contenido y que el nombre de Trincado fueraomitido por cuanto Herrera lo consideraba inocente.
El autor del informe, el Comisario Abel Lizama, fue presionado para que procediera a redactar un segundo informe técnico alterando las conclusiones que se explicitaban en el primero. Se pretendía que el nuevo informe consignara la inocencia de Trincado en los hechos investigados.
Lizama se negó a ejecutar la orden del Director de la Policía Civil, aduciendo que no tenía facultades para alterar un informe técnico, y que ello le correspondía al Jefe de la Unidad, el Comisario Sandro Gaete. Al ser requerido Gaete en el mismo sentido, vale decir, que procediera a alterar el informe técnico por orden del Director General, Gaete se negó de plano.De haberlo hecho habría cometido un delito.
La actitud asumida por Gaete y Lizama fue respaldada por el Prefecto Rafael Castillo, entonces Jefe de la Brigada de Asuntos Especiales y DDHH de la Policía de Investigaciones, y superior inmediato de Gaete y de Lizama.
Posteriormente el Prefecto Castillo, como asimismo los Comisarios Gaete y Lizama declararon ante la Presidenta de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Magistrado Rosa Maria Pinto, respecto del contenido del informe elaborado y también de las presiones recibidas del Director General de la Policía de Investigaciones para que el informe fuera cambiado, liberando de responsabilidades y exculpando al General Miguel Trincado.
Basada en este informe técnico, la magistrado Rosa Maria Pinto resolvió procesar al General Miguel Trincado, lo que significo que este fuera pasado de inmediato a retiro por el Alto Mando de la institución.
Sin embargo, la denuncia formal al tribunal, efectuada por los funcionarios Sres. Castillo, Gaete, y Lizama, en el sentido de haber sido presionados para modificar el informe técnico por el propio Director General, no tuvo mayores efectos. La denuncia quedo incorporada al expediente pero la magistrado se limito a continuar investigando los hechos bajo su competencia y no inicio una investigación paralela para dilucidar el gravísimo hecho, a pesar de que este revestía caracteres de delito: abuso de autoridad, trafico de influencias, y obstrucción a la justicia, entre otros.
Sorprendentemente, los Tribunales Superiores (el pleno de la Corte de Apelacionesde Antofagasta y la Corte Suprema) no se dieron por enterados de estos hechos, aunque fueron reportados por distintos medios. No hubo reacción conocida.
Mas sorprendente aun, el hecho de que un Director General de la Policía de Investigaciones presione a sus subalternos para modificar un informe técnico y a partir de allí, influir en una investigación judicial en curso, no significo tampoco reacción alguna de la Cámara de Diputados, tan proclive a formar Comisiones Investigadoras. Al parecer, estos elementos, que indudablemente revisten temas de Estado, no ameritaron el tiempo ni el interés de los Diputados. Ni de los parlamentarios de gobierno, ni tampoco de la oposición.
Por su parte, el Ejecutivo guardo silencio. No hubo reacción conocida ni de la Presidenta, ni de su grupo de asesores más cercanos, en relación a estas materias. El Prefecto responsable de la Brigada de Derechos Humanos, Rafael Castillo, que había respaldado a sus subordinados, fue posteriormente pasado a retiro por el Director de la Policía de Investigaciones, y los dos Comisarios, Gaete y Lizama, que no solo se negaron a cometer un delito por orden superior (alterar un informe técnico para influir en una causa judicial en curso) , sino que también denunciaron formalmente el hecho al tribunal respectivo, fueron sacados de las funciones que habían cumplido eficientemente por años. Uno de ellos fue sepultado en el archivo, en tareas cuasi administrativas,y el otro fue enviado a una Comisaría fuera de Santiago. Posteriormente, y por presión de organismos e instituciones de DDHH, se le trajo de regreso.
Por añadidura, ni el Ministro de Defensa José Goñi (Ministerio de donde depende la Policía de Investigaciones), ni el Subsecretario de Investigaciones de la misma cartera, Ricardo Navarrete Betanzo, jamás se refirieron al tema.
Por parte del grupo de abogados de Derechos Humanos, salvo contadas y honrosas excepciones, el tema no fue objeto de comentario público.
Y lo más sorprendente es que en una reciente reunión de instituciones vinculadas a la lucha por los Derechos Humanos, tampoco se menciono el tema en sus resoluciones finales.
No hay duda de que en esa reunión se trataron temas de gran importancia, entre ellos, el incumplimiento por el Estado de Chile respecto de los compromisos internacionales asumidos en el plano de los DDHH. Sin embargo, pareciera que el intento de influir en procesos judiciales de DDHH en curso, en favor de implicados, y por el propio Director General de la Policía de Investigaciones, no fue un elemento que mereciera preocupación.
Todo esto resulta muy extraño. En cualquier país civilizado del mundo, con los cuales Chile siempre desea que lo comparen, situaciones de menor significancia habrían originado una seria y pronta investigación judicial, al menos varias interpelaciones parlamentarias, y probablemente la petición de renuncia, o la salida obligada, de algunos altos personeros del Estado. a.C. no ha sucedido nada...
Tratando de entender lo inexplicable, alguien me hizo llegar un comentario vinculando toda esta situación inédita a un tema de relaciones internas de la Masonería chilena. Ambos,el General Trincado, y el Director de la Policía Civil, Arturo Herrera, son masones. Si esto fuera axial, entonces es fácil concluir que las instituciones en Chile no funcionan, o si lo hacen, su funcionamiento puede ser influido por intereses particulares, de grupos, de logias, etc, a espaldas de la voluntad ciudadana y a contrapelo de las declaraciones de transparencia repetidas periódicamente por las autoridades. Faltaría saber cuantos masones hay en altas esferas de gobierno, en el Parlamento, y en las Cortes de Justicia Superiores del país.
Por otra parte, creo que a la propia Gran Logia de Chile, que atraviesa un periodo muy complejo después de proceder recientemente a la expulsión de su Gran Maestro y también rector de la Universidad de la Republica, Juan Carvajal, le interesaría aclarar esta situación para no servinculada a episodios oscuros, mal olientes,e inexplicables del Chile actual.
fuente the paskin
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